REGIONALISTAS VERDES RETOMAN PROPUESTA DE ROYALTY A LAS FORESTALES EN BENEFICIO DE MUNICIPIOS

Piden que sea considerado como reflexión en “Comisión de Paz y Entendimiento”

Las comunas con mayor número de hectáreas forestales son Collipulli, Lumaco, Angol, Los Sauces, Carahue, Traiguen, Tolten, Loncoche y Victoria.

 

Ante las externalidades negativas ambientales en las comunas con alta presencia forestal, la Federación Regionalista Verde de La Araucanía (FREVS) volvió a insistir con la propuesta de un royalty forestal para que esta industria aporte con recursos a los municipios y regiones del Sur del país, emulando el espíritu de la reciente aprobación del royalty minero.

Para los regionalistas verdes, que ingresaron esta solicitud dirigida al Delegado Presidencial y a los encargados del Plan Buen Vivir, sostuvieron que “es de justicia territorial y ambiental abordar esta propuesta más allá de lo semántico, respecto a si la figura es un royalty, impuesto verde o tributo, el tema de fondo, sostienen, es que la afectación de la plantación forestal es a recursos no renovables como el suelo, el agua y los servicios eco-sistémico afectados por esta actividad extractiva”.

Bladimir Painecura dirigente lafkenche de Carahue y Luis Hueraman dirigente mapuche de la Asociación de Comunidades de Loncoche, sostuvieron que “las comunas con más hectáreas de pino y eucaliptus, es donde precisamente está más presente el conflicto y la violencia rural, pero también la pobreza de los territorios, con escasez hídrica y municipios con muy pocos recursos para atender esta realidad, eso no es casual y por ello es fundamental que el Estado lo aborde con un royalty o impuesto forestal con cargo a las finanzas municipales y comunidades”.

Gemita Álvarez y Daniel Sandoval, voceros de la Federación Regionalista Verde (FREVS) comentaron que “esta puede ser una arista para la Comisión de Paz y Entendimiento, por ello hemos solicitado al encargado del plan buen vivir que esta iniciativa sea de Estado y que permite también abrir el diálogo y la negociación para compensar la degradación del patrimonio natural, donde la industria no genera ningún tributo a los municipios del sur del país que permitan invertir en restauración ecológica del suelo o disminuir los conflictos socio-ambientales a través de este nuevo pacto social, territorial y ambiental con el mundo rural chileno y mapuche”.