El caso de Bernarda Vera, incluida en la lista de detenidos desaparecidos, pero
actualmente residente en Argentina, abrió un flanco de críticas contra el gobierno.
Impacto ha causado el reportaje de un canal de televisión que mostró la vida de una
Bernarda Vera, mujer que figura dentro del listado de 1.469 personas detenidas
desaparecidas durante la dictadura, y que según nuevos antecedentes, se encontraría
viviendo en Argentina, a pesar de que su familia en Chile sigue recibiendo apoyo y
recursos estatales dada su condición de beneficiaria.
Al respecto, los diputados UDI, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu integrantes de las
comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, solicitaron a la Contralora General de la
República, Dorothy Pérez, que se indague un eventual fraude en la entrega de estos
beneficios a familiares de detenidos desaparecidos, y aseguró que “no vamos a dormir
hasta que esté recuperado cada peso”.
En ese sentido, entregaron un oficio de fiscalización a la CGR para que se informe respecto
al Plan de Búsqueda y si existen otros casos como el de Vera. Además, “vamos a perseguir
la responsabilidad política, pidiéndole al ministro Cordero que explique por qué si un PDI
le informa, él no informa a los chilenos. Por otro lado, vamos a ir al Consejo de Defensa
del Estado para decirle que inicie acciones legales para recuperar estos dineros”.
En esta línea, Alessandri planteó que “ha llegado la hora de que nombremos una comisión
de hombres y mujeres que revisen esto, no para victimizar, sino que para revisar y ver si
hay antecedentes como el caso de la señora Vera”.
El parlamentario, emplazó directamente al ministro Cordero, indicando que “había un
chileno que se enteró antes, hace un año, y ese chileno ostenta el cargo de ministro de
Estado. ¿Qué tiene que hacer un funcionario público cuando se entera de un hecho que
viste caracteres de delito? Está obligado a denunciarlo en 24 horas. ¿Por qué no
denunció? Por supuesto que el Plan de Búsqueda ayuda a que surjan estos casos, pero
¿por qué el ministro no cruzó la calle y fue al CDE a decirle al Estado que ha pagado 40
años de pensión por una causa que no existía?”.
De igual manera, el diputado Alessandri destacó el hecho de que la familia de Vera sigue
recibiendo pensión por su calidad de detenida desaparecida y anunció que dicha familia
deberá devolver esos recursos. “Aquí no estamos hablando de derechos humanos,
estamos hablando de erario fiscal, de cómo se cuidan los dineros fiscales, y si usted junta
falsos exonerados, si suma a eso las pensiones de gracia pagadas a los delincuentes del
estallido social, y ahora suma este tema, evidentemente que va a apareciendo cada vez
más una asociación ilícita, y vamos a investigar para ver si hay una organización de este
plan para defraudar al fisco”.
A su turno, el diputado Daniel Lilayu, aseguró que “la prensa está haciendo el trabajo que
debiera hacer el gobierno. Y eso no puede ser. Nos enteramos que Bernarda Vera, una
detenida desaparecida, no lo es. Y la pregunta que nos hacemos nosotros que estamos en
la Comisión de Derechos Humanos y todos los chilenos ¿Cuántas Bernardas Veras existen
en Chile en estos momentos?
“Aquí claramente hay varios aspectos: uno es fraude porque hay recursos
comprometidos, pero también es una lesión a la fe pública a todos los chilenos, por ello
le pedimos a la Contralora recabar todos los antecedente”, dijo el diputado Lilayu.
Finalmente, los diputados Alessandri y Lilayu aseguraron que “es grave para el patrimonio
fiscal, es grave la responsabilidad política del ministro, y es grave también para esas
personas que pueden estar condenadas por estos casos de personas que no murieron”,
por esta razón subrayaron que “tanto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero,
como el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, serán citados a las comisiones de Seguridad y
Derechos Humanos”.
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